La semana pasada seguíamos la intervención del Banco Central sobre Ueno Bank desde la perspectiva financiera: qué había pasado, cuántos depositantes estaban afectados, qué protecciones existían. Esta semana el asunto ha escalado hasta la esfera política más alta del país. Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, afronta un proceso de juicio político en el Congreso. Las cámaras tienen ahora la palabra.
Lo que empezó como una crisis de liquidez en una entidad bancaria de tamaño mediano se ha convertido en la mayor presión institucional que ha recibido el Ejecutivo paraguayo en lo que va de este período presidencial.
Qué acusa el Congreso a Santiago Peña
El proceso de juicio político en Paraguay está regulado por los artículos 225 y 226 de la Constitución Nacional. Para que prospere, la Cámara de Diputados debe votar la acusación formal, y el Senado actúa como tribunal. Se necesita mayoría de dos tercios en cada cámara para destituir al presidente.
Según la cobertura de BBC Mundo, los cargos que se barajan en el Congreso giran en torno a tres ejes principales:
Mal desempeño de funciones. La acusación central sostiene que el Ejecutivo conocía —o debería haber conocido— el deterioro financiero de Ueno Bank con suficiente antelación, y que no actuó con la diligencia que exige el cargo. Los diputados impulsores del juicio político señalan comunicaciones internas entre la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Hacienda que datarían de meses antes de la intervención pública.
Omisión en la supervisión del sistema financiero. Paraguay tiene un esquema de supervisión en el que el Banco Central del Paraguay (BCP) actúa como ente regulador, pero el Ejecutivo tiene atribuciones de designación sobre los máximos responsables del organismo. Los acusadores argumentan que las designaciones realizadas por la presidencia crearon un vacío de supervisión real sobre la entidad intervenida.
Posible conflicto de intereses. Este tercer eje es el más delicado políticamente y el que tiene menos documentación pública hasta ahora. Algunos legisladores de oposición apuntan a vínculos entre personas del entorno presidencial y accionistas o directivos de Ueno Bank. No hay imputación formal en sede penal por este punto, pero sí está en el debate político.
Atención
El juicio político en Paraguay no es un proceso penal. Una destitución por esta vía no implica automáticamente condena judicial. Son procedimientos paralelos e independientes. La confusión entre ambos es frecuente en la cobertura internacional.
Peña ha negado las acusaciones. Su equipo jurídico argumenta que el BCP actuó con autonomía institucional y en los plazos que marca la Ley 861/96 de Bancos, y que el Ejecutivo no tiene ni debe tener injerencia directa en las decisiones de intervención de entidades financieras. Es una defensa técnicamente plausible, aunque políticamente difícil de sostener cuando miles de ahorristas están esperando conocer el destino de sus depósitos.
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De los votos del Senado paraguayo que se necesitan para destituir al presidente en un juicio político
Fuente · Constitución Nacional del Paraguay, art. 225-226

El hilo que conecta Ueno Bank con la presidencia
Para entender por qué este caso llegó hasta el Ejecutivo, hay que repasar brevemente la secuencia de hechos. Ya analizamos la intervención del BCP sobre Ueno Bank en profundidad en nuestro artículo sobre la crisis de la entidad, pero conviene recapitular los puntos clave.
Ueno Bank era una entidad de tamaño mediano dentro del sistema financiero paraguayo, con una base de depositantes que incluía tanto clientes minoristas como empresas. La intervención del Banco Central se produjo cuando los indicadores de liquidez cayeron por debajo de los umbrales mínimos exigidos por la normativa. El BCP actuó: suspendió operaciones, designó un interventor y abrió el proceso de evaluación patrimonial.
Hasta ahí, procedimiento habitual. Lo que lo convirtió en crisis política fue la combinación de dos factores: la escala del impacto en depositantes y la velocidad con la que trascendieron las comunicaciones internas previas a la intervención. Cuando los medios paraguayos publicaron que existían alertas formales dentro del sistema supervisor desde al menos seis meses antes de la intervención pública, la presión parlamentaria se disparó.
La oposición en el Congreso, con bloques que incluyen sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y algunos legisladores disidentes dentro del propio Partido Colorado, vio una apertura. El juicio político pasó de ser una posibilidad teórica a un proceso activo en cuestión de semanas.
Cabe notar algo que la cobertura estrictamente informativa a veces pierde de vista: Santiago Peña renunció brevemente a la presidencia durante el período más agudo de la crisis, antes de retomar el cargo. Eso tiene antecedentes propios que ya documentamos en esta pieza sobre su renuncia temporal. El hecho de que ese episodio quedara sin resolución política clara puede haber alimentado la percepción de que el presidente es vulnerable institucionalmente.
Un juicio político en Paraguay no funciona como en otros países de la región. Aquí el proceso es parlamentario puro: el Congreso acusa y el Senado juzga. No hay un tribunal constitucional que medie.
Lo que los medios no están contando: las implicaciones para quien opera en Paraguay desde fuera
La cobertura de BBC Mundo y la prensa paraguaya se centra, comprensiblemente, en la dimensión política doméstica: los votos, las alianzas internas del Colorado, la posición del PLRA, los plazos constitucionales. Es cobertura necesaria y correcta.
Lo que esa cobertura no analiza es qué significa este escenario para los miles de personas que han instalado operaciones en Paraguay en los últimos años, o que están evaluando hacerlo. Es la dimensión que nos corresponde a nosotros cubrir.
Sobre la estabilidad institucional como variable de decisión. Paraguay ha atraído residentes fiscales y empresas durante los últimos años con un argumento sólido: sistema fiscal territorial, baja presión impositiva, y estabilidad institucional razonable para la región. Ese tercer componente es el que ahora está siendo examinado. Un juicio político que prospere no implica automáticamente inestabilidad, pero sí introduce incertidumbre en el corto plazo, particularmente sobre quién controla el Ejecutivo y cuáles serán las prioridades económicas del sucesor hipotético.

Sobre el sistema bancario. La crisis de Ueno Bank no afecta a todas las entidades del sistema. El BCP mantiene capacidad operativa y los bancos de primer nivel en Paraguay tienen balances sólidos. Pero si eres alguien que tiene cuentas en Paraguay o está en proceso de abrirlas, es razonable revisar en qué entidad estás y qué indicadores de solidez tiene. La guía sobre cuentas bancarias en Paraguay para españoles que publicamos sigue siendo válida en su estructura, aunque en este contexto tiene sentido ir a la sección sobre selección de entidad con más atención que antes.
Sobre los acuerdos de inversión en curso. Paraguay ha firmado acuerdos de inversión relevantes en los últimos meses, incluyendo con Taiwan y conversaciones con Israel, que ya cubrimos. La incertidumbre política no anula automáticamente esos acuerdos, pero puede ralentizar la implementación si la contraparte ejecutiva cambia. Empresas que estén en medio de procesos de inversión con participación del Estado paraguayo deberían tener esto en cuenta en su gestión de riesgo.
Sobre lo fiscal. Las acusaciones contra Peña no incluyen ningún cambio en la política tributaria. El sistema territorial sigue vigente, el IRACIS sigue en el 10%, el IVA en el 10% general. Una eventual transición presidencial no cambiaría esto por decreto: requeriría modificación legislativa, y el Congreso paraguayo no tiene mayoría para reformar el modelo fiscal en sentido contrario. Pero si quieres entender bien cómo está estructurado ese sistema antes de tomar decisiones, el análisis del sistema fiscal territorial paraguayo sigue siendo el punto de partida más completo.
Nota
Para cualquier persona con operaciones en Paraguay: el escenario más probable en este momento no es una ruptura institucional, sino un proceso parlamentario que se dirimirá por sus propios cauces constitucionales. Paraguay tiene práctica institucional en estas tensiones. Eso no significa ignorar el riesgo, significa calibrarlo bien.
Personalmente, he hablado esta semana con varios contactos que tienen empresas registradas en Asunción y que me preguntaban si deberían "mover algo". Mi respuesta fue la misma en todos los casos: esperar a que el proceso parlamentario tome forma antes de reaccionar. Los movimientos reactivos ante titulares políticos suelen costar más de lo que protegen.
¿Qué viene ahora?
El proceso constitucional tiene sus propios tiempos. La Cámara de Diputados debe primero votar si hay mérito para el juicio político: eso requiere mayoría absoluta (mitad más uno de los diputados presentes). Si prospera esa votación, el expediente pasa al Senado, que actúa como tribunal y necesita dos tercios para destituir.
Los números actuales en el Congreso paraguayo hacen que esa mayoría de dos tercios en el Senado sea difícil de alcanzar, según los análisis de composición parlamentaria disponibles. Pero la política paraguaya tiene historial de movimientos rápidos cuando el momentum mediático y social empuja. Las próximas semanas serán determinantes.
Lo que sí parece claro es que, aunque Peña sobreviviera al proceso, el costo político de la crisis de Ueno Bank ya está pagado. La autoridad presidencial en la segunda mitad del mandato sale debilitada. Y eso tiene consecuencias sobre la capacidad de impulsar reformas o acuerdos de inversión que requieran liderazgo ejecutivo fuerte.
Seguiremos cubriendo este proceso a medida que el Congreso avance. Y si quieres que te llegue el análisis directamente cuando publiquemos una actualización, suscríbete al newsletter. Un correo cada semana con lo que hemos publicado, sin más.
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