Sanciones de Trump a la CPI: qué implican para negocios desde Paraguay

El 13 de octubre de 2026, la administración Trump formalizó un paquete de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), escalando una tensión que lleva meses gestándose en Washington. No es la primera vez que Estados Unidos bloquea o presiona a la CPI, pero sí es el movimiento más agresivo en décadas. Y tiene consecuencias que van más allá de La Haya.

Para quien opera negocios con componentes internacionales desde Paraguay, esto no es una noticia de política exterior lejana. Es un cambio en las condiciones del tablero.

Qué hizo Trump y por qué ahora

Las medidas firmadas por la administración incluyen congelación de activos y prohibición de entrada a territorio estadounidense para funcionarios de la CPI que hayan participado en investigaciones que afecten a ciudadanos o aliados de EEUU. El detonante inmediato fue la investigación que la Corte abrió sobre operaciones militares israelíes en Gaza, en la que Washington interpreta que hay una interferencia ilegítima sobre un aliado estratégico.

Reuters reportó en septiembre que la Casa Blanca ya había advertido a varios estados parte que cualquier cooperación activa con la CPI en esas investigaciones podría considerarse un acto inamistoso. Las sanciones de octubre son la concreción de esa advertencia.

La diferencia respecto a episodios anteriores es la herramienta utilizada. En el primer mandato de Trump (2020), se sancionó a fiscales concretos de la CPI por orden ejecutiva. Estas nuevas medidas afectan a la institución de forma más amplia, incluyendo a estados que la financian o cooperan activamente con sus investigaciones.

Associated Press documentó reacciones de varios gobiernos europeos que calificaron las sanciones de "ataque a la arquitectura multilateral de posguerra". La Unión Europea aún no ha adoptado una postura unificada formal a esta fecha.

Paraguay en el mapa: un estado parte con socios a ambos lados

Aquí está el ángulo que la cobertura que circula en medios paraguayos no termina de desarrollar: Paraguay ratificó el Estatuto de Roma en 2001 y forma parte activa de la CPI. Eso significa que el país tiene obligaciones jurídicas con la Corte, al tiempo que mantiene una relación estratégica profunda con Estados Unidos, su principal socio en materia de seguridad y uno de sus referentes comerciales.

La pregunta que nadie en la cobertura local responde es concreta: ¿puede una empresa registrada en Paraguay que opere contratos con contrapartes estadounidenses verse en una posición incómoda si en algún punto de esa cadena aparece una entidad que la administración Trump etiquete como "colaboradora" de la CPI?

La respuesta honesta es que el riesgo directo es bajo hoy, pero el precedente es inquietante. Las sanciones americanas funcionan con lógica de red: no sancionan solo a quien actúa, sino a quien financia, facilita o simplemente no bloquea. En el sector financiero esto se llama riesgo de cumplimiento secundario, y cualquier banco con corresponsalía en EEUU, incluyendo los que operan en Paraguay, lo monitorea con atención.

ABC Color cubrió la noticia en su sección internacional, destacando la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, que por el momento no ha emitido declaración formal sobre las sanciones. Lo que el diario no analiza, y que resulta relevante para quien lee estas páginas, es qué implica ese silencio institucional para un emprendedor español que ha estructurado su operativa desde Asunción con contratos que cruzan hacia el mercado norteamericano.

Las sanciones americanas no requieren que seas el objetivo para que te afecten. Basta con que tu banco corresponsal decida que la exposición al riesgo no vale la pena.

Lo que la cobertura paraguaya no está analizando

Me parece útil señalarlo con claridad: los medios consultados para esta pieza tratan las sanciones como un evento de política exterior global con escasa conexión local. Es una lectura comprensible desde Asunción, donde la CPI no ocupa titulares con frecuencia.

Pero quien ha llegado a Paraguay desde España o desde otro país europeo y ha construido una estructura empresarial aquí, con RUC, cuentas en guaraníes, contratos en dólares y socios en más de una jurisdicción, vive en un mundo donde estas tensiones sí aterrizan. No en la forma dramática de una sanción directa, sino en la más prosaica de un banco que endurece su política de compliance, un socio americano que pide documentación adicional sobre la cadena corporativa, o un árbitro internacional que declina aceptar un caso porque una de las partes tiene exposición a entidades sancionadas.

Si tienes una estructura así, el artículo sobre estrategia fiscal para el emprendedor internacional es un buen punto de partida para revisar dónde están los puntos de contacto con jurisdicciones sensibles.

Implicaciones prácticas para quien opera desde Paraguay

Hay tres planos en los que estas sanciones merecen seguimiento activo:

Contratos con contrapartes estadounidenses. Las clausulas de cumplimiento en contratos americanos suelen incluir representaciones sobre no estar en listas de entidades sancionadas ni tener relación con ellas. Si tu empresa paraguaya tiene vínculos institucionales con organismos que EEUU considera problemáticos (una ONG financiada parcialmente por la CPI, por ejemplo), esa relación puede activar clausulas de revisión o incluso rescisión.

Arbitraje internacional. Paraguay suscribe una serie de acuerdos bilaterales de inversión (BITs) y utiliza con frecuencia el CIADI como foro de resolución de disputas. El CIADI es un organismo del Banco Mundial, no de la CPI, así que la exposición directa es mínima. Pero si el conflicto entre Washington y los organismos multilaterales continúa escalando, la selección del foro de arbitraje en contratos nuevos merece conversación con el asesor legal.

Acceso a corresponsalía bancaria. Este es el canal de transmisión más inmediato. Los bancos paraguayos que operan en dólares dependen de corresponsales americanos. Esos corresponsales son extremadamente sensibles a cualquier señal de la OFAC (la oficina del Tesoro que gestiona las sanciones). Si Paraguay como país adoptara alguna postura de apoyo explícita a la CPI que irritara a Washington, el costo práctico llegaría por aquí antes que por cualquier vía legal.

Vale también revisar el contexto de cómo EEUU ha utilizado sanciones recientemente en la región. Hace unos meses cubrimos el caso de las sanciones millonarias que Trump pretendía aplicar y que la justicia americana tumbó, un recordatorio de que estos instrumentos no son infalibles y tienen sus propios límites legales internos.

Y para quien quiera entender cómo Paraguay navega su posición entre bloques, el análisis sobre el acuerdo ALAS con Argentina, Brasil, Chile y Paraguay ofrece contexto sobre cómo Asunción gestiona sus compromisos multilaterales.

Qué esperar en las próximas semanas

Lo más relevante ahora es observar tres señales: si la UE responde formalmente con algún mecanismo de bloqueo a las sanciones americanas (como hizo en 1996 con la ley Helms-Burton), si algún estado parte de la CPI adopta una postura de distancia ante las investigaciones para evitar fricciones con Washington, y si el gobierno paraguayo emite alguna nota oficial.

El silencio del MRE hasta ahora podría ser diplomacia preventiva. O podría ser simplemente que nadie ha calculado todavía cuánto le importa este asunto a los socios que Paraguay necesita. La diferencia entre ambas interpretaciones importa.

Para quienes operan entre jurisdicciones, la recomendación de seguimiento es sencilla: revisar con tu asesor legal si tus contratos actuales tienen cláusulas de sanction compliance que puedan activarse, y asegurarte de que tu estructura corporativa no tiene puntos de contacto opacos con entidades que puedan aparecer en listas OFAC en los próximos meses.

Si quieres seguir este tipo de análisis sin tener que rastrear fuentes tú mismo, suscríbete al newsletter. Publicamos cada dos días y los domingos enviamos un resumen editorial de lo que cubrimos durante la semana.